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Informe de análisis jurídico en materia civil y procesal civil N° 1772-2013-0-1001-JR-CI-03 sobre la materia de: Mejor derecho de propiedad y del expediente e informe jurídico en materia penal y procesal penal N° 193-2012-0-1001-JR-PE-06 sobre el delito de: Robo agravado en grado de tentativa

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Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Abstract

El presente trabajo de suficiencia profesional, se dedica al análisis jurisprudencial, legal y doctrinal de dos procesos judiciales: el primero, examina el expediente civil Nro. 1772-2013-0- 1001-JR-CI-03, que versa sobre la pretensión de mejor derecho a la propiedad, verificaremos instituciones jurídicas y legales relacionadas con esta pretensión, como son el estudio de los derechos reales, la propiedad, la posesión y otras instituciones relacionadas a esta pretensión, en el ámbito procesal analizaremos las siguientes instituciones procesales, como: la acción, la jurisdicción, la competencia, los requisitos procesales, los requisitos materiales para entablar válidamente el proceso, así como las etapas del proceso civil y el recurso extraordinario de CASACIÓN. En el segundo caso, examinaremos el expediente penal N° 193-2012-0-1001-JR-PE- 06, que versa sobre el injusto penal de robo agravado en grado de tentativa, por lo que, se estudiarán instituciones jurídicas penales como: teoría general del delito, las características y elementos configuradores del delito de robo, circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal; posteriormente analizaremos en el ámbito procesal penal las siguientes instituciones jurídicas: etapa de la investigación preparatoria, que se subdivide en diligencias preliminares prejudiciales a cargo del Ministerio Público, y la investigación preparatoria propiamente dicho a cargo de juez de investigación preparatoria; etapa intermedia, la etapa del juicio oral, etapa impugnatoria, y el recurso extraordinario de CASACIÓN. En ambos casos, se evaluará si las entidades públicas del estado (Ministerio Publico y Poder Judicial) y los abogados, aplican los principios del debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y otros principios establecidos en la Constitución Política

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