Gestión institucional y su impacto sobre la inversión pública: caso Municipalidad Provincial de La Convención, situación actual y perspectivas
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Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
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Uno de los principios centrales de la descentralización es la subsidiariedad según el cual “Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad”. Siguiendo este principio, la ley asigna nuevas competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales en materia de participación ciudadana, desarrollo y economía local, servicios sociales, así como de protección y conservación ambiental. los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”. Dando un nuevo giro en el rol del gobierno local, donde se retoma una serie de herramientas e instrumentos que permite diseñar un nuevo modelo de gestión municipal en nuestro país, que implica asumir un liderazgo, basado en la democracia y la participación ciudadana. Otro aspecto importante que le asigna la Ley Orgánica de Municipalidades a la nueva gestión municipal, es la de promocionar el desarrollo económico local, a través del manejo de planes de desarrollo económico local, aprobados en articulación con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades. Todo este proceso integral, permanente y participativo también articulado a las municipalidades colindantes, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas y compartidas, establecidas por la ley orgánica de municipalidades (LOM).
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