La vigilancia electrónica personal y los derechos fundamentales de la población penitenciaria nacional en tiempos de Covid-19

Abstract

La actual pandemia del Covid-19 ha cobrado muchas vidas a nivel mundial en todos los sectores. En el Perú, el sector penitenciario ha sido uno de los principales afectados, toda vez que dicho virus ha acentuado los graves problemas que azotan a la población penitenciaria nacional. Lamentablemente, el sistema penitenciario ya afrontaba problemas de hacinamiento en los penales, así como problemas de infraestructura, salubridad, higiene, falta de tratamiento especializado, entre otros; situación que con la pandemia previamente mencionada se ha agravado totalmente, llegando incluso a vulnerarse derechos fundamentales de los reclusos, entre ellos la dignidad, la vida, la integridad y la salud. El Perú, como un estado de derecho, tiene el deber de velar por la población penitenciaria, quienes pese a tener la condición de reclusos no perdieron su estatus de seres humanos. Consecuentemente, resulta indispensable la aplicación de medidas nuevas con la finalidad de velar por el respeto irrestricto de sus derechos y garantizar los derechos reconocidos por la Constitución y los diferentes tratados internacionales. En ese sentido, hace más de 10 años que en el ordenamiento jurídico peruano se ha legislado sobre la vigilancia electrónica personal, la cual no se ha implementado ni aplicado de forma adecuada pese al tiempo transcurrido, por lo que resulta imperante establecer y conocer los beneficios de la mencionada medida a fin de exigir su inmediato uso, toda vez que la dicha institución podrá coadyuvar al reconocimiento de los derechos de los reclusos. Resulta necesario identificar cuáles son las medidas a tomar en cuenta para que las nuevas instituciones y tecnologías asistan a esta población estructuralmente diferenciada, sobre todo en estos momentos donde día a día fallecen personas por el Covid-19.